El abogado Armando Martínez Gómez, presidente del Colegio de Abogados Católicos de México y defensor del sacerdote salesiano José Carlos Contreras Rodríguez, sentenciado por la violación y homicidio de la estudiante Itzachel Shantal González López, insiste en culpar al gobierno del estado de "torturar" al religioso, condenado en primera instancia, con el retraso en la entrega del expediente del caso a la sala de segunda instancia.
Martínez Gómez minimiza también el que el Ministerio Público impugnara la sentencia, ejerciendo su derecho, y señala “Son actos de tortura e intimidación de quien sigue montado en su macho, primero fue la apelación del Ministerio Público, después guardar el asunto y no enviarlo al juzgado", por lo que exige una sanción económica en contra de la juez.
La defensa del sacerdote salesiano publicó en el periódico Pulso la siguiente información:
Acusan a juez de omisión en el caso del padre Salesiano
Lucía Torres/ Pulso
El sacerdote salesiano, José Carlos Contreras Rodríguez, condenado a 33 años 6 meses de prisión por el delito de homicidio calificado y violación, a través de un escrito, reclamó a la Juez Sexta del Ramo Penal, Juana María Castillo su omisión para remitir el expediente original de su caso y la apelación de la condena al tribunal de alzada del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Por ello, solicitará al Tribunal de Segunda Instancia imponer una multa en contra de la juez.
En el documento dirigido al Juez Sexto del Ramo Penal en el Estado de San Luis Potosí, y del cual Pulso cuenta con copia, se expone la causa penal 200/2009, con fecha 13 de diciembre del 2011, con nombre y firma del sacerdote, señala que el artículo 372 del Código de Procedimientos Penales del Estado establece textualmente: “el expediente original, en duplicado autorizado de constancias o el testimonio, en su caso, deben remitirse dentro de cinco días y si no se cumple con esta prevención, el tribunal de segunda instancia, a pedimento del apelante, impondrá al inferior una multa de cinco días hábiles de salario”.
Indica que a la fecha ha transcurrido en exceso el termino de cinco días establecido en dicho precepto legal, “y su Señoría sin razón alguna ha omitido remitir el expediente original al Tribunal de Alzada para que se avoque en contra de su ilegal y arbitraria sentencia definitiva que dictó en mi contra en la presente causa legal”.
“En razón a lo anterior, vengo a solicitarle que cumpla con lo dispuesto en el citado precepto legal y en consecuencia remita de inmediato el expediente en que se actúa al Tribunal de Alzada para que se tramite y en su oportunidad resuelva el referido medio de impugnación hecho valer por el suscrito en la presente causa penal, lo anterior, sin perjuicio de que acudiré al Tribunal de Segunda Instancia a hacer valer el derecho contenido en el precepto legal de referencia”.
Por su parte, el abogado defensor del sacerdote, Armando Martínez Gómez expresó que esta actitud asumida por la juez, es parte de la “chicanada” fabricada por gobierno del Estado, pues ha estado guardando el expediente para que se atravesaran las vacaciones de diciembre y seguir con la tortura psicológica en contra del padre.
“Son actos de tortura e intimidación de quien sigue montado en su macho, primero fue la apelación del Ministerio Público, después guardar el asunto y no enviarlo al juzgado exigiendo una sanción económica en contra de la juez, como lo marca la ley”.
Indicó que a la autoridad estatal le interesa tener al padre salesiano encerrado, violando sus garantías y derechos procesales”.
Finalmente, agregó que llevan como una semana excedidos en el término, “a más tardar debió haberse enviado el miércoles y jueves de la semana pasada, y con esas chicanadas pretenden tener a un inocente en la cárcel por la injusta e ilegal sentencia”, señaló.
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